Una segunda opinión pericial es la revisión independiente de una propuesta de liquidación o de regularización tributaria, realizada por un profesional distinto del que ha intervenido hasta ese momento, para comprobar si los cálculos, los hechos y los criterios que sostiene la Administración son correctos. Su utilidad es práctica: permite decidir con información si conviene firmar el acta, formular alegaciones o preparar un recurso, antes de que los plazos limiten las opciones.
Cuando la Inspección comunica a una empresa una propuesta que eleva sus bases o minora sus deducciones, la reacción habitual es de urgencia. Una consultora de mystery shopping, por ejemplo, puede recibir una propuesta que cuestione la deducibilidad de los pagos a su red de evaluadores o que reclasifique ingresos recurrentes de clientes internacionales. Entre el acta y la liquidación hay poco margen, y las cifras de la propuesta se presentan con una apariencia de solidez que no siempre resiste un análisis detallado.
Qué se revisa en una segunda opinión pericial
El objeto de la revisión no es sustituir al asesor que lleva el procedimiento, sino contrastar su trabajo y el de la Administración con una mirada fresca. Habitualmente se examinan cuatro planos:
- Los hechos: si la propuesta parte de datos completos y correctos, o si ignora documentación relevante.
- La cuantificación: si los cálculos son reproducibles, si se han aplicado bien las bases, los tipos, las deducciones y los periodos.
- El método: si los criterios de valoración, de imputación o de estimación son los adecuados al caso.
- La motivación: si la propuesta explica por qué adopta cada conclusión, de modo que el contribuyente pueda contradecirla.
El resultado es un documento que identifica errores, ordena los argumentos y estima el impacto económico de cada discrepancia. Quien quiera conocer cómo se enfoca este tipo de trabajo puede consultar la explicación sobre la segunda opinión experta como servicio de revisión independiente.
Cuándo conviene pedirla
Hay momentos del procedimiento en los que una revisión externa tiene especial valor:
- Tras la comunicación de inicio y durante las actuaciones, para anticipar riesgos y preparar la documentación.
- Antes de firmar un acta con acuerdo o de conformidad, porque la conformidad condiciona las vías de recurso y afecta a las reducciones de sanción previstas en el artículo 188 de la LGT.
- En el plazo de alegaciones frente al acta de disconformidad, que en el procedimiento inspector es de quince días desde su notificación según el Reglamento de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.
- Tras la liquidación, al valorar un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa.
Cuanto antes se pida, más margen hay para actuar. Pedirla cuando solo queda un día para presentar alegaciones reduce mucho su eficacia.
Los plazos que condicionan la decisión
El procedimiento inspector tiene una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos del artículo 150 de la LGT. Esa limitación temporal importa porque las dilaciones imputables al contribuyente, o la falta de impulso de la Administración, pueden tener efectos sobre el cómputo. Una revisión pericial inicial permite conocer si el procedimiento respeta esos tiempos y qué incidencia tendrían eventuales irregularidades.
Una vez dictada la liquidación, la vía de la reclamación económico-administrativa se inicia en el plazo de un mes desde la notificación (art. 235 LGT), y para suspender la ejecución suele ser necesario ofrecer garantía en los términos del artículo 233. Por eso, cuando se anticipa que habrá que discutir, tener el análisis técnico preparado permite lanzar el recurso con argumentos ya construidos.
Ejemplo hipotético de utilidad
Supongamos, con cifras ficticias, que la propuesta de regularización eleva la base imponible en 420.000 euros porque considera no deducible un conjunto de comisiones pagadas a una red de colaboradores. La segunda opinión pericial revisa los contratos y los registros de servicios, y detecta que 180.000 euros de esas comisiones corresponden a prestaciones plenamente documentadas, que la propuesta había descartado por error en la identificación de los perceptores. El informe no resuelve el procedimiento, pero señala un ajuste de peso que puede introducirse en las alegaciones y reducir de forma relevante la cuota, los intereses y la sanción. El ejemplo es imaginario: sirve para ver qué tipo de hallazgos justifica una revisión independiente.
Qué diferencia hay con otros informes
Conviene no confundir esta figura con otras con las que comparte parte del trabajo:
- Informe pericial de parte: es una prueba que se aporta al expediente o al proceso. La segunda opinión puede ser previa y de uso interno, para decidir si hace falta aportar un informe.
- Auditoría: analiza la fiabilidad de las cuentas, mientras que la segunda opinión se centra en la propuesta concreta y sus fundamentos.
- Asesoramiento jurídico: argumenta sobre la interpretación de la norma; la segunda opinión pericial cuantifica, contrasta datos y valida métodos.
En un procedimiento de comprobación suelen coexistir los tres, de modo que la coordinación entre ellos importa. Si la discusión escala y acaba requiriendo dictamen formal, la segunda opinión servirá de base para el informe que se aporte, que entonces se ajustará a los criterios de la defensa técnica en inspecciones de la AEAT.
Cómo se estructura el encargo
Un encargo bien definido evita malentendidos. Antes de empezar, se acuerda el alcance (qué documentos y qué conceptos se revisan), el plazo de entrega, el formato del resultado y la confidencialidad. Se solicitan el acta o la propuesta, el expediente, los contratos relevantes, la contabilidad y cualquier comunicación con la Inspección. El entregable suele ser un informe breve con hallazgos priorizados, cuantificación del impacto y recomendaciones de actuación. Cuando el servicio se presta a otros profesionales, como los despachos que ya llevan el asunto, el planteamiento es distinto, tal y como se explica en la información sobre servicios para despachos y asesores.
Errores frecuentes
- Firmar un acta sin haber contrastado la cuantificación.
- Pedir la revisión cuando ya no queda tiempo para aprovecharla.
- Limitarse a discutir derecho cuando el problema está en las cifras.
- No distinguir entre discrepancias de hecho, de valoración y de interpretación.
- Olvidar valorar el efecto conjunto de cuota, intereses de demora (art. 26 LGT) y sanción.
Cómo leer una propuesta de regularización
Antes de contratar a nadie, conviene hacer una primera lectura ordenada del documento. Sirve para llegar a la consulta con las preguntas ya formuladas y para reducir el tiempo de revisión. Una pauta sencilla consiste en separar el texto en tres bloques: los hechos que la Inspección da por probados, los fundamentos jurídicos que invoca y la cuantificación que de ahí resulta. En cada bloque conviene anotar qué documento sostiene cada afirmación y si el contribuyente dispone de prueba en sentido contrario.
También es útil construir una tabla propia con los conceptos regularizados, el periodo al que afectan, el importe propuesto y la fuente de cada cifra. Esa tabla permite detectar de inmediato saltos injustificados entre ejercicios, partidas que se computan dos veces o intereses calculados sobre una base que ya se ha corregido. Cuando el documento remite a anexos o a cálculos de terceros, hay que solicitarlos: una cifra que no puede reproducirse no debería darse por buena. Este trabajo de orden, aunque parezca elemental, es el que suele poner de manifiesto los errores más relevantes y el que permite al perito centrarse en lo que realmente importa.
Preguntas frecuentes
¿La segunda opinión sustituye al abogado o asesor del procedimiento?
No. Lo complementa. Aporta una verificación independiente de los cálculos y de los criterios, que el equipo que lleva el caso puede incorporar a su estrategia.
¿Es lo mismo que un informe pericial?
No necesariamente. Puede ser un trabajo previo y de uso interno. Si se decide aportarlo como prueba, deberá adoptar el formato y las garantías de un dictamen pericial.
¿Cuánto tarda?
Depende del volumen de documentación y de la complejidad. Cuando se dispone del expediente completo, una revisión focalizada puede completarse en pocos días.
¿Puede pedirla la empresa directamente?
Sí, y también el despacho o asesor que lleva el procedimiento. En ambos casos conviene aportar toda la documentación, incluida la que pueda parecer desfavorable.
Conclusión
Ante una propuesta de regularización, decidir a ciegas es el error más costoso. Una segunda opinión pericial aporta una verificación independiente de los hechos, de los cálculos y de los criterios de la Administración, y ofrece al contribuyente una base sólida para firmar, alegar o recurrir. Para coordinar esa revisión con la estrategia procesal, resulta útil contar con una defensa fiscal con LRB, y para repasar los fundamentos del procedimiento inspector puede consultarse nuestra guía sobre defensa ante inspección de la AEAT.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado